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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
DECLARA:

Artículo 1º El apoyo político e institucional a los reclamos del sector agroindustrial tendientes a cambiar la política agropecuaria del Gobierno nacional que hizo eclosión con la Resolución 125, de las retenciones móviles, que al desaprovechar las excelentes condiciones internacionales propicia el enfriamiento de la economía, desalentando la inversión y la producción.

Artículo 2º El respaldo pleno al Gobierno de la Provincia del Neuquén en su reclamo por la plena recuperación del precio internacional de los hidrocarburos, como precio de referencia, para el pago efectivo de las regalías de los productos extraídos del suelo neuquino.

Artículo 3º Instar al Honorable Congreso de la Nación a recuperar sus facultades constitucionales exclusivas e indelegables, para fijar los impuestos nacionales y los derechos de exportación, en un todo de acuerdo con los artículos 4°; 17; 29; 52; 75, inciso 1., 76 y 99, inciso 3, de la Constitución nacional, en la seguridad que con ello se repararán automáticamente los daños causados a los sectores productivos y federales por la aplicación de las medidas explicitadas en los artículos 1º y 2º de la presente Declaración.

Artículo 4º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial; al Honorable Congreso de la Nación; al Poder Ejecutivo nacional; a los representantes por la Provincia del Neuquén en el Honorable Congreso de la Nación y a las entidades representativas del sector agroindustrial de la República Argentina.

FUNDAMENTOS

Los problemas y conflictos derivados de la aplicación de retenciones móviles a amplios sectores de la producción agropecuaria, como asimismo las gravísimas derivaciones de la pérdida de eficiencia de la industria extractiva hidrocarburífera y, consecuentemente, baja de reservas, estancamiento y retroceso de la producción y la progresiva aparición de una creciente crisis en la producción de energía en nuestro país, tienen como causales de inicio la continua y prorrogada vigencia de la Ley 25.561, denominada de “Emergencia Económica”. A pesar del extraordinario crecimiento de la economía nacional desde la crisis estructural que presentó nuestro país a finales del año 2001, y muy especialmente desde el inicio de la Presidencia de Néstor Kirchner, el uso abusivo de esta Ley para modificar condiciones macroeconómicas de la producción, sin intervención del Congreso Nacional, a través de decretos de necesidad y urgencia y resoluciones ministeriales y aun de secretarías y otras dependencias menores del Gobierno nacional, produjeron una distorsión impositiva tan grande como funesta para amplios sectores de la producción agroindustrial, exportadores y Estados provinciales, hasta el límite de quebrar el sistema de coparticipación federal, los ingresos por regalías de las provincias hidrocarburíferas y convertirse en expropiatorio y abusivo del derecho de propiedad privado.
Las retenciones de productos exportables fijadas, especialmente para “comodities” como los granos y petróleo, son esencialmente derechos de exportación (DE), impuestos que deben ser exclusivamente dictados por el Congreso Nacional. El principio de legalidad dice que no hay tributo sin ley que emane del Poder Legislativo. Ello es bien claro, y lo encontramos en el artículo 17 de la CN: “… Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el articulo 4°.” (Cabe aclarar que el artículo 4° habla de los derechos de exportación, y que mediante Ley 17.255 se estableció que los conceptos de “derechos de exportación y de “retenciones” debían considerarse equivalentes). Lo especifica el artículo 9° de la CN refiriéndose ya a las aduanas: “En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso.”. Es el Congreso (Poder Legislativo) el único que puede establecer impuestos.
Artículo 29 de la CN: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni a las legislaturas provinciales o a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias…”.
Artículo 76 de la CN: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo…” La Carta Magna prohíbe expresamente que el Congreso delegue facultades al Poder Ejecutivo.
Ahora cabe preguntarse: ¿Quién impuso las retenciones? El Ministerio de Economía, dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación. Esto es inconstitucional, ¡fundamentalmente en materia tributaria!
Este asunto es tan delicado, que la Constitución nacional se encargó de distinguirlo específicamente en varias disposiciones.
Artículo 52 de la CN: “A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones…”. Ni siquiera los senadores pueden iniciar las leyes tributarias, sólo los diputados.
Artículo 75, inciso 1., de la CN: “Corresponde al Congreso: 1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación…”.
Artículo 99, inciso 3., de la CN: … El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria…”.
Así las cosas, este problema de ilegalidad de las retenciones se extiende a las regalías hidrocarburíferas, ya que el Gobierno nacional ha creado un precio de referencia para el valor del petróleo, Resolución 394/07 del Ministerio de Economía de la Nación, con una fórmula polinómica que afecta el precio internacional con las retenciones y cuyo resultante es un valor de 42 dólares para liquidar las regalías, ante un precio de más de 100 dólares el barril, ello a pesar que la propia Ley 25.561, la madre de todos estos males, dice en su artículo 6°: “… en ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor de boca de pozo, para el cálculo y pago de las regalías a las provincias productoras.”.
La urgente restitución al Congreso Nacional de las facultades constitucionales que han sido violadas desde 2003 en adelante, permitirá transitar una senda de reconstrucción activa de la institucionalidad y federalismo perdidos, convirtiéndose esto así en un punto de partida para el diálogo intersectorial que restablezca el equilibrio republicano y democrático, únicas herramientas para el progreso con justicia social del pueblo argentino.

Fdo.) RACHID, Horacio Alejandro -Bloque Opción Federal- BAUM, Daniel -Bloque Servicio y Comunidad- SÁNCHEZ, Carlos Enrique -Bloque Apertura Popular de Neuquén-.