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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

PROGRAMA DE RECUPERO DE SALDOS DEUDORES AL
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU)

Artículo 1º La presente Ley tiene por objeto la creación del “Programa de Recupero de Saldos Deudores al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU)”, dotándolo de los mecanismos y herramientas para su efectiva y eficaz implementación.

Artículo 2º El Programa creado por la presente Ley tiene como finalidad:

1) Regularizar la deuda existente por viviendas adjudicadas por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo.
2) Recuperar viviendas cuyos adjudicatarios no se encuentren viviendo en las mismas y le hayan dado una función rentística.

Artículo 3º Autorízase al Poder Ejecutivo provincial a regularizar las viviendas construidas por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo que aún no hayan sido escrituradas a favor de los adjudicatarios, cuya fecha de construcción sea posterior al 1/1/1991 y que se encuentren en mora o hayan suspendido el pago, fijando un precio para la vivienda de hasta el cincuenta por ciento (50%) del último valor que reconozca en los planes de vivienda la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación para la vivienda social tipo, compensando con ello el deterioro que la misma pueda presentar.

Artículo 4º La aplicación de descuentos en el valor de la vivienda que se faculta en el artículo 3º se realizará en función del estado en que se encuentra la misma y de acuerdo a la reglamentación que se establezca a tal fin.

Artículo 5º Serán sujetos de la presente Ley los adjudicatarios de vivienda del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo cuyo pago se encuentre en mora o que por algún motivo hayan suspendido el mismo con fecha anterior al 31 de diciembre de 2007. Al precio resultante por aplicación del artículo 3º de la presente se le deducirán los pagos efectivamente realizados y el saldo se financiará con un interés del cinco por ciento (5%) anual para viviendas de hasta los setenta metros cuadrados (70 m2) y con una tasa de hasta el siete por ciento (7%) anual para viviendas con superficie cubierta de más de setenta metros cuadrados (70 m2), a un plazo de quince (15) años.
Artículo 6º Establecidos los nuevos valores y deducidos los pagos efectuados en cada caso, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo notificará el valor fijado y el saldo deudor que arroje en cada caso y para cada vivienda a sus adjudicatarios, quienes en el plazo que fije la reglamentación deberán encuadrarse a la nueva operatoria.

Artículo 7º Los adjudicatarios de viviendas construidas con anterioridad al 31/12/1990, que aún no hayan escriturado sus viviendas, por mora o suspensión del pago de las mismas, podrán regularizar su situación aceptando las condiciones que se establecen en el Anexo I que forma parte de la presente Ley.

Artículo 8º A los adjudicatarios que acepten regularizar su situación en el marco de la presente Ley y que revistan en la Administración Pública provincial, se les debitará automáticamente de sus haberes mensuales el valor de la cuota, imputando en el recibo de sueldo tal débito como “Pago cuota IPVU”.

Artículo 9º Autorízase al Poder Ejecutivo provincial, a través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, a firmar convenios con el Colegio de Escribanos y con el Colegio de Agrimensores con la finalidad de lograr un costo reducido y ágil para el trámite de las escrituras hipotecarias.

Artículo 10º Autorízase al Poder Ejecutivo provincial, a través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, a transferir las hipotecas que se firmen en función de lo dispuesto por la presente Ley al Banco Provincia del Neuquén S.A. (BPN S.A.), el que implementará el cobro de las mismas. La cobranza efectivamente realizada por el BPN S.A. se distribuirá de la siguiente manera:

1) Un cuarenta por ciento (40%) para constituir un Fondo Fiduciario Provincial para la Vivienda Social.
2) Un cuarenta por ciento (40%) para constituir un Fondo Fiduciario Municipal de la Vivienda.
3) Un veinte por ciento (20%) para capitalizar el BPN S.A., compensándose con ello los gastos que demande la administración de la cobranza de las hipotecas que se transfieran por este Programa de regularización y recupero.

FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL

Artículo 11 Créase por la presente el “Fondo Fiduciario Provincial para la Vivienda Social” con el objeto de administrar recursos económicos y financieros destinados al financiamiento y construcción de viviendas de carácter social, pudiéndose incluir infraestructura de servicios y loteos de terrenos para planes de vivienda.

Artículo 12 El Fondo Fiduciario Provincial para la Vivienda Social se integrará del siguiente modo:

1) Con partidas presupuestarias que anualmente pueda asignar el Estado provincial al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo.
2) Con los fondos que mensualmente y en concepto de recupero por aplicación de las Leyes 2043, 2189 y 2370, aún perciba el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo.
3) Con el cuarenta por ciento (40%) de la cobranza que realice el BPN S.A. por las transferencias de las hipotecas que se establezcan por aplicación de la presente Ley.
4) Con aportes provenientes de recursos extraordinarios que pueda disponer el Gobierno de la Provincia que sean destinados a los fines de la presente Ley.
5) Con el producido generado por la colocación de los recursos del Fondo.
6) Cualquier otro recurso que reciba como consecuencia de acuerdos celebrados con organismos nacionales o internacionales.
Artículo 13 Créase por la presente el “Fondo Fiduciario Municipal para la Vivienda” con el objeto de administrar recursos económicos y financieros destinados al financiamiento y construcción de viviendas de carácter social en los municipios que adhieran a la presente Ley, quienes deberán aportar complementariamente lo que establezca la reglamentación correspondiente, pudiéndose incluir infraestructura de servicios y loteos de terrenos para planes de vivienda. Este Fondo se integrará:

1) Con partidas presupuestarias que anualmente asignen los municipios adherentes.
2) Con el cuarenta por ciento (40%) de la cobranza que realice el BPN S.A. por las transferencias de las hipotecas que se establezcan por aplicación de la presente Ley.
3) Con aportes provenientes de recursos extraordinarios que pueda disponer el Gobierno de la Provincia y que sean destinados a los fines de la presente Ley.
4) Cualquier otro recurso que se otorgue como consecuencia de acuerdos celebrados con organismos nacionales o internacionales.

Artículo 14 Los Fondos Fiduciarios que se crean por la presente Ley serán administrados por la Fiduciaria Neuquina S.A., en calidad de fiduciario, teniendo como agente financiero al BPN S.A. y beneficiario al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo y los municipios adherentes.

Artículo 15 El fiduciario deberá extremar los controles sobre el efectivo cumplimiento mensual de la cartera de deudores al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo que se hayan acogido a los beneficios implementados por las Leyes 2043, 2189 y 2370, e informar al Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo los saldos existentes, y lo mismo hará en relación a los recursos aportados al Fondo Fiduciario Municipal.

Artículo 16 Créase la Comisión de Control y Seguimiento, que tendrá a su cargo la fiscalización del cumplimiento y de la gestión del fiduciario. Esta Comisión estará integrada por tres (3) legisladores que cumplirán su cometido por el período que dure su mandato legislativo, designados a propuesta de la Comisión de Desarrollo Humano y Social y tres (3) representantes del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo. Se constituirá y funcionará como una Comisión Especial de la Legislatura.

Artículo17 El fiduciario deberá informar por escrito semestralmente a la Comisión de Control y Seguimiento sobre su gestión y la evolución de los fondos puestos bajo su administración, montos afectados específicamente al financiamiento de viviendas de carácter social por parte del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo y saldos remanentes, así como las acciones encaradas o a encarar para optimizar sus rendimientos.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y NORMAS COMPLEMENTARIAS

Artículo 18 La autoridad de aplicación será la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS).

Artículo 19 La reglamentación de la presente Ley deberá efectuarse en un plazo no superior a los noventa (90) días corridos posterior a la sanción por esta Honorable Legislatura.

Artículo 20 Toda documentación que se hiciere menester como consecuencia de la aplicación de esta Ley queda exceptuada del pago del Impuesto de Sellos.

Artículo 21 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS

El problema de la vivienda en la Provincia del Neuquén, incidiendo principalmente en sus mayores ciudades, ha devenido en un problema crítico de difícil resolución por su magnitud, un crecimiento demográfico que no cesa y que requiere acciones superadoras del diagnóstico y sustentables en el tiempo.
El gobernador de Neuquén ha dicho recientemente, al firmar con el intendente de la ciudad de Neuquén el Convenio de Gestión del Hábitat Social que: “tenemos la obligación de ir a buscar a todas las familias neuquinas que se han quedado rezagadas en el camino de sus derechos sociales, de sus garantías, donde la vivienda digna es un derecho fundamental en el cual tenemos mucha tarea por delante”.
Aunque los datos oficiales sobre el déficit habitacional no tienen una cifra cerrada, debido a la multiplicidad de registros de aspirantes por un lado y a las distintas operatorias tanto de construcción como de adjudicación de viviendas, lo cierto es que las estimaciones hablan de un faltante de 40.000 viviendas en toda la Provincia, y la mitad de ellas en la ciudad de Neuquén.
Las tomas y ocupaciones ilegales, por las que se asientan familias no sólo sin viviendas sino en la imposibilidad de acceder a un techo en un mercado inmobiliario con valores prohibitivos tanto para la compra como para alquilar, llegan a generar riesgo social.
Por otro lado, es impensable solución alguna sin recursos financieros, y ello a la vez implica la necesidad de articular mecanismos de devolución o pago, aun en valores sociales, de cada unidad habitacional que el Estado pueda construir.
La Provincia ha hecho esfuerzos en ese sentido, dictando normas tendientes a asegurar la recuperación, aunque sea parcial, de los fondos invertidos en la construcción de planes de vivienda, adoptando distintos mecanismos que den seguridad, agilidad y continuidad al recupero. Los resultados no han sido todo lo satisfactorio que se esperaba.
La solución que venimos a proponer, ajusta los valores de las viviendas adjudicadas y entregadas hace ya largo tiempo a la realidad del financiamiento que prevé la Subsecretaría de Vivienda de la Nación para la vivienda social, como punto de partida para la fijación de un precio justo, pero que obligatoriamente se debe pagar como reaseguro para que el Estado pueda continuar construyendo viviendas a costos sociales.
Como garantía de la asignación de fondos a tales fines, la creación de dos Fondos Fiduciarios a constituirse formados -entre otras partidas- por las de recupero de viviendas construidas y entregadas por el IPVU, resulta una herramienta efectiva que asegura medios ciertos y facilita el control del cumplimiento de los objetivos para los que se afectan tales recursos.
Los municipios tienen un rol definitorio en materia de viviendas, ya que son sus vecinos los destinatarios directos de toda política habitacional. Por lo tanto se incorpora al municipio como actor activo en la formulación y ejecución de soluciones del problema y, en esa dirección, también la afectación de recursos en un Fondo Fiduciario Municipal es el mecanismo más adecuado.
La recuperación de la mayor parte posible de la deuda existente contribuirá a una mejora en la posibilidades del IPVU para el cumplimiento de sus fines: la construcción de viviendas sociales, infraestructura urbana y loteos de terrenos para planes de vivienda, una necesidad impostergable en el tiempo presente.

Fdo.) BAUM, Daniel -Bloque Servicio y Comunidad- SÁNCHEZ, Carlos Enrique -Bloque Apertura Popular de Neuquén- RACHID, Horacio Alejandro -Bloque Opción Federal- CASTAÑÓN, Graciela Noemí – Bloque MPN-.

ANEXO I

PROGRAMA DE RECUPERO Y FINANCIACIÓN DE VIVIENDAS

Las viviendas construidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1990, cuyos adjudicatarios no hayan escriturado aún por estar en mora o haber suspendido el pago, podrán regularizar su situación a través de una escritura con garantía hipotecaria, cuyo valor se establece de la siguiente manera:

• Viviendas construidas antes de diciembre del año 1975, se extenderá su título de propiedad con una garantía hipotecaria de pesos seis mil ($ 6.000) a efectos de cubrir los costos de la tramitación, en un plazo de sesenta (60) meses sin interés.
• Viviendas construidas entre el 1 de enero de 1976 al 31 de diciembre de 1980, se extenderá el título de propiedad con una garantía hipotecaria que surge de sumar pesos seis mil ($ 6.000) para cubrir los costos de la tramitación, más la cancelación total de la deuda que por todo concepto mantenga con el IPVU y que a estos efectos se establece en pesos diez mil
($ 10.000), en un plazo de ciento veinte (120) meses, con una tasa de interés anual del tres por ciento (3%).
• Viviendas construidas entre el 1 de enero de 1981 y el 31 de diciembre de 1985, se extenderá su título de propiedad con una garantía hipotecaria que surge de sumar pesos seis mil
($ 6.000) para cubrir los costos de la tramitación, más la cancelación total de la deuda que por todo concepto mantenga con el IPVU y que a estos efectos se establece en pesos quince mil
($ 15.000), en un plazo de ciento ochenta (180) meses con una tasa de interés anual del cuatro por ciento (4%).
• Viviendas construidas entre el 1 de enero de 1986 y el 31 de diciembre de 1990, se extenderá su título de propiedad con una garantía hipotecaria que surge de sumar pesos seis mil
($ 6.000) para cubrir los costos de la tramitación, más la cancelación total de la deuda que por todo concepto mantenga con el IPVU y que a estos efectos se establece en pesos diecinueve mil ($ 19.000), en un plazo de ciento ochenta (180) meses con una tasa de interés anual del cinco por ciento (5%).