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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Artículo 1° Con el objeto de promover la creación, el desarrollo y el crecimiento de pequeñas y medianas empresas (PyME) en el territorio de la Provincia del Neuquén, créase “Neuquén Garantiza S.R.G.”, bajo el régimen del Título II de la Ley 24.467 y su modificatoria, y las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 2° Neuquén Garantiza S.G.R. tendrá por objeto el otorgamiento de garantías recíprocas a pequeñas y medianas empresas, sean personas físicas o jurídicas, que integren la sociedad en carácter de socios partícipes. Dichas garantías podrán tener las siguientes modalidades:

a) Emisión de avales financieros para el acceso a créditos.
b) Avales técnicos para el cumplimiento de contratos.
c) Avales mercantiles ante proveedores o anticipo de clientes.
d) Cualquiera de los permitidos por el Derecho mediante la celebración de contratos de garantía recíproca.

Artículo 3° La autoridad de aplicación definirá las características de las empresas que serán consideradas PyME en el marco de la presente Ley, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada región de la Provincia, los diversos sectores de la economía en que se desempeñan y los criterios de la Red Provincial de Agencias PyME, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 24.467 y su modificatoria.

Artículo 4° La sociedad desarrollará su actividad en la Provincia del Neuquén abarcando las actividades industriales, agropecuarias y de servicios. Su actividad estará exenta del pago del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, y su agente financiero será el Banco Provincia del Neuquén S.A. (BPN S.A.).

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. SOCIOS

Artículo 5° La sociedad estará formada por socios protectores y socios partícipes:

a) Socios protectores: serán las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social y al Fondo de Riesgo de la sociedad.
b) Socios partícipes: serán únicamente los titulares de pequeñas y medianas empresas, sean personas físicas o jurídicas, que efectúen aportes al capital social mediante la suscripción de acciones ordinarias normativas.

Artículo 6° El Estado provincial asume el carácter de socio protector y aportará para su constitución hasta la suma de pesos un millón ($ 1.000.000) para la integración del Fondo Social y el Fondo de Riesgo.

Artículo 7° Los socios partícipes deberán poseer establecimientos o desarrollar sus actividades con carácter permanente en el ámbito de la Provincia del Neuquén y acreditar cumplimiento fiscal con la Provincia.

Artículo 8° Es incompatible la condición de socio protector con la de socio partícipe.
La sociedad no podrá celebrar contratos de garantía recíproca con los socios protectores.

Artículo 9° El Estatuto de la sociedad deberá fijar:

a) Las condiciones y oportunidad para el ingreso de nuevos socios en ambas categorías.
b) Causas y trámites para la exclusión de socios partícipes.
c) Condiciones y procedimiento para ejercer el derecho de reembolso de las acciones por parte de los socios partícipes.

Artículo 10° Derecho de los socios partícipes. Los socios partícipes tendrán los derechos otorgados por las Leyes específicas 24.467; 25.300, y supletoriamente los que les corresponden según la Ley 19.550 y sus modificatorias, y en particular los siguientes:

a) Recibir los servicios determinados en el objeto social cuando se cumplieren las condiciones exigidas para ello.
b) Obtener de la sociedad, en caso de rechazo de otorgamiento de garantía, un informe fundado de las causas que motivaron la denegación, en un lapso no mayor a treinta (30) días contados desde la fecha en que tal situación fue resuelta.
c) Solicitar el reembolso de las acciones.

Artículo 11 Retiro de los socios partícipes. Todo socio partícipe podrá exigir el reembolso de sus acciones ante el Consejo de Administración, siempre y cuando haya cancelado totalmente los contratos de garantía recíproca que hubiere celebrado, y en tanto dicho reembolso no implique reducción del capital social mínimo. El monto a reembolsar no podrá exceder del valor de las acciones integradas, excluyendo en su cálculo las reservas de la sociedad, a las que el socio no tiene derecho alguno.

Artículo 12 Retiro de los socios protectores. Todo socio protector puede retirarse de la sociedad en las condiciones fijadas por la Ley 24.467, sus modificatorias y las disposiciones estatutarias de la sociedad.

CAPITAL SOCIAL Y FONDOS ESPECÍFICOS

Artículo 13 El capital social estará compuesto por los aportes de los socios y se representan en acciones ordinarias nominativas de igual valor y número de votos. El capital mínimo para su constitución es de pesos dos millones ($ 2.000.000). La participación de los socios protectores no puede exceder el cincuenta por ciento (50%) del capital social, y la participación de cada socio partícipe no podrá superar el cinco por ciento (5%) del mismo. El capital social podrá variar, sin requerir modificación del Estatuto, entre el mínimo establecido y un máximo que represente el quíntuple de la misma.
Artículo 14 Las acciones serán Clase “A” para los socios partícipes y Clase “B” para los socios protectores; su valor será fijado por el Estatuto Social y no podrán ser objeto de gravámenes reales, lo cual deberá ser consignado expresamente en los títulos que representen las mismas. Los socios limitan su responsabilidad al monto de las acciones suscriptas. El aporte mínimo para los socios partícipes será de pesos dos mil ($ 2.000).

Artículo 15 El Fondo de Riesgo está destinado a dar sustento a las garantías que otorga la sociedad. Se constituye:

a) Con los aportes de los socios protectores.
b) Con las asignaciones de los resultados de la sociedad aprobados por la asamblea general.
c) Por las donaciones, las subvenciones y otras aportaciones que recibiere.
d) Por los recuperos de los pagos que la sociedad hubiere efectuado en el cumplimiento de los contratos de garantía.
e) El valor de las acciones no reembolsadas a los socios excluidos.
f) El rendimiento de sus inversiones, las que no podrán ser realizadas en colocaciones que superen el diez por ciento (10%) en el menú de inversiones.

Artículo 16 EL cincuenta por ciento (50%) del Fondo de Riesgo asumirá la forma jurídica de un fondo fiduciario en los términos de la Ley 24.441, independiente del patrimonio societario de la Sociedad de Garantía Recíproca, de conformidad con el artículo 46 “in fine”, de la Ley 24.467, modificado por la Ley 25.300.

Artículo 17 Cuando la sociedad proceda a reafianzar los riesgos asumidos por las garantías recíprocas otorgadas podrá solicitar el reafianzamiento dispuesto en el artículo 8º de la Ley nacional 25.300 quedando autorizada a firmar los convenios pertinentes para acceder al “Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPyME)”, o con empresas reaseguradoras, nacionales o extranjeras. El costo que ello le signifique será asignado con cargo a los aportes del Fondo de Riesgo vigente en ese momento.

REEMBOLSO, CESIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES

Artículo 18 La reglamentación fijará las pautas generales a las que deberá ajustarse el Estatuto de la sociedad, referidas a modalidades y condiciones para la integración, cesión y reembolso de acciones.

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS

Artículo 19 El Estatuto Social observará los siguientes criterios para la distribución de los beneficios.

a) El cinco (5%) por ciento anual a reserva legal hasta completar el veinte por ciento (20%) del capital social.
b) La parte correspondiente a los socios protectores podrá ser abonada en efectivo, como retribución al capital aportado.
c) De la parte correspondiente a los socios partícipes se destinará al Fondo de Riesgo en un cincuenta por ciento (50%), pudiendo repartirse el resto entre la totalidad de dichos socios.

Para la distribución de los beneficios en efectivo, tanto los socios protectores como los socios partícipes deben haber integrado la totalidad del capital social suscripto y no encontrarse en mora con la sociedad.
FUSIÓN, ESCISIÓN Y DISOLUCIÓN

Artículo 20 La sociedad podrá fusionarse o escindirse de conformidad a las disposiciones específicas de la Ley 24.467, modificada por Ley 25.300, su reglamentación y supletoriamente por las disposiciones generales de la legislación sobre sociedades comerciales, y cuyas condiciones y causales deberán especificarse en el respectivo Estatuto Social.

Artículo 21 La disolución y liquidación se ajustará a lo dispuesto para tal supuesto en la Ley 24467 y sus modificaciones, sin perjuicio de las causales previstas en la Ley nacional 19.550.

CONTRATO DE GARANTÍA RECÍPROCA

Artículo 22 Las garantías que la sociedad otorgue a sus socios partícipes se instrumentarán por escrito conformando un contrato de garantía recíproca en el que la sociedad se obliga accesoriamente frente al acreedor del socio que acepte la obligación accesoria. Dicha garantía podrá ser por el total de la obligación o por menor valor.

Artículo 23 El Consejo de Administración fijará las condiciones para el otorgamiento de las garantías, modalidad de las contragarantías y los supuestos que requerirán afianzamiento de las mismas. Las garantías a otorgar devengarán un interés cuya tasa no podrá ser superior al cincuenta por ciento (50%) de la que por tal concepto aplica el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), y observarán los siguientes límites operativos:

a) La sociedad no podrá asumir obligaciones accesorias, por un mismo socio partícipe, por encima del cinco por ciento (5%) del valor total del Fondo de Riesgo.
b) La sociedad no podrá asumir obligaciones accesorias con un mismo acreedor por encima del veinticinco por ciento (25%) del valor total del Fondo de Riesgo.
c) El total de las garantías que otorgue la sociedad a sus socios partícipes no podrá exceder el ochenta (80%) del Fondo de Riesgo.

Artículo 24 Los contratos de garantía recíproca, además de los beneficios fiscales dispuestos por la Ley nacional 24.467, estarán exentos del pago del Impuesto de Sellos y el costo administrativo no podrá superar el dos por ciento (2%) del monto garantizado.

ÓRGANOS SOCIALES, DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN
E INSTITUTOS DE PROMOCIÓN

Artículo 25 La sociedad conformará para su funcionamiento la Asamblea General de socios; un Consejo de Administración y la Sindicatura, que tendrán las atribuciones que establece la Ley nacional 24.467 y las que fija la presente. El Estatuto fijará los modos, condiciones y requisitos al que ajustarán su cometido los órganos sociales.

Artículo 26 EL Consejo de Administración tendrá por función principal la administración y representación de la sociedad y estará integrado por tres (3) personas, de las cuales una (1) representará al Estado provincial, una (1) a los socios partícipes y una (1) a los socios protectores. En caso de que el Estado provincial sea el único socio protector, tendrá derecho a nominar dos (2) personas para el Consejo de Administración. Sus competencias serán establecidas en la reglamentación.

Artículo 27 El Consejo de Administración será asistido por un cuerpo técnico-consultor en el análisis y evaluación de la factibilidad de los proyectos a garantizar. El Consejo de Administración no podrá otorgar o rechazar garantías sin el previo dictamen técnico de factibilidad, que se formalizará en todos los casos por escrito dando razón de su recomendación positiva o negativa.
Artículo 28 La Sindicatura estará integrada por tres (3) síndicos designados por la Asamblea de socios cuyas calidades y condiciones serán fijadas por la reglamentación de la presente Ley y el Estatuto Social.

Artículo 29 Institutos de promoción. Podrán ser todas las Cámaras que agrupen la producción agropecuaria, industrial y de servicios, que convengan con el Consejo de Administración la realización de acciones -en sus respectivas localidades- de promoción, difusión e información para sus integrantes, sobre los alcances y ventajas de asociarse a la sociedad de garantías recíprocas que se crea por la presente Ley.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 30 Será autoridad de aplicación de la presente Ley el Ministerio de Desarrollo Territorial.

Artículo 31 Los derechos derivados de la titularidad de acciones por el Estado provincial serán ejercidos por el Ministerio de Hacienda, o por el funcionario que éste designe.

Artículo 32 La sociedad ejercerá todas las atribuciones y estará sometida a los mismos controles, interno y externo, de las personas jurídicas de su tipo. Estará sometida, asimismo, al control externo del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Artículo 33 En un plazo no mayor a treinta (30) días de sancionada la presente, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente norma y aprobar el Estatuto Social con sujeción a las pautas previstas en los artículos anteriores y realizar todos los actos necesarios para la constitución y puesta en funcionamiento de la sociedad, pudiendo delegar expresamente esta facultad en el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Artículo 34 Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

En los tiempos actuales ya se discute la importancia de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME) por su contribución a la creación de riqueza, a la formación del Producto Bruto Interno, y a la generación de empleo. En nuestra Provincia, según un estudio difundido por la Sepyme (Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nación) en 2006, había 14.126 personas ocupadas en las PyME neuquinas. Además, el informe da cuenta de que entre enero de 2003 y junio de 2007, dos de cada cinco pequeños y medianos empresarios de la Provincia solicitó algún tipo de financiamiento. Más de la mitad de ellos destinó esos fondos a inversiones en activos fijos.
El informe, denominado “Mapa PyME – Onda junio 2007”, fue elaborado con la colaboración de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén, en base a registros correspondientes a los años 2003, 2004, 2005, 2006 y el primer semestre del año pasado. En el estudio se considera PyME a las empresas que poseen más de 4 y hasta 250 ocupados.
Según el documento, la variación en el nivel de empleo en las PyME neuquinas aumentó un 23,1% entre 2004 y 2006. En esos dos años, la cantidad de puestos de trabajo pasó de 11.478 a 14.126 (en estos datos se excluye al personal contratado y tercerizado, es decir que sólo se considera a los empleados temporarios y permanentes).
El incremento en el número de trabajadores ocupados en PyME de Neuquén entre 2004 y 2006 fue más pronunciado en los pequeños y medianos hoteles (donde llegó 42%), seguido por las industrias (37,1%). Dentro del rubro de empresas industriales, el mayor porcentaje de aumento corresponde a las firmas dedicadas a la elaboración de productos alimenticios.

En materia de financiamiento el estudio muestra que solicitaron financiamiento desde enero de 2003 a junio de 2007 dos de cada cinco pequeñas y medianas empresas de la Provincia (42%), y de esa cantidad, el 85% logró sus propósitos.
En el caso de las industrias, un tercio de las firmas -el 32%- solicitó financiamiento en el período analizado y la mayoría de ellas obtuvo una respuesta favorable. De los comercios, en el mismo período, más de la mitad (53%) requirió financiamiento ,y de ellos, el 75% lo consiguió.
Del financiamiento obtenido, la mayor parte -un 39%- provino de algún banco privado nacional; el 26% fue otorgado por proveedores, y un 16% por organismos públicos no bancarios. Los bancos públicos fueron responsables de un 8% del financiamiento a las PyME e idéntico porcentaje fue suministrado por la sucursal del exterior de un banco privado.
De los casos en los que se solicitó financiamiento bancario, casi la mitad -un 46%- ofreció como principal garantía algún bien personal; el 26% comprometió una garantía hipotecaria y el 10% presentó una garantía prendaria.
No obstante esta estadística de cómo se garantizan las PyME que tienen acceso al crédito, existe un universo de PyME varias veces mayor que por dificultades para ofrecer avales a satisfacción de los bancos quedan excluidos del sistema financiero argentino. Esta realidad que no se refleja en ninguna estadística específica, puede sin embargo ser apreciada de sólo mirar el volumen de PyME que conforman el aparato productivo de la Provincia.
Como puede verse aún se desarrollan con muchas dificultades y principalmente se ralentiza el crecimiento necesario para competir en un mundo globalizado en el que avanza la concentración económica, con el paralelo y consiguiente predominio de las rígidas leyes del mercado. Una de sus mayores dificultades es el acceso al financiamiento, situación que influyó en la decisión política en sus distintos niveles (nacional y provincial), de articular estrategias de apoyo a través de normativas favorables a su despegue y crecimiento.
En el ámbito nacional, a partir de la Ley 20.568 del año 1973, que creó la “Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa” (COPyME), disuelta por la Ley 21.542 de 1977, se sucedieron: la creación del “Programa Trienal de Fomento y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa”, creado por Decreto 2586 de 1992, que instituyó un fondo para la formación de consorcios de pequeñas y medianas empresas que debían “… constituirse de acuerdo con la legislación vigente que resulte de aplicación…”, referencia que alcanzaba sin duda a los contratos de colaboración empresaria, previstos por el Capítulo III de la Ley 19.550, de Sociedades Comerciales, a las cooperativas, o a cualquier otra modalidad, hasta la Ley 24.467 sancionada en 1995, conocida como el “Estatuto de las PyME”, creando la figura de la Sociedad de Garantía Recíproca, reformulada en septiembre de 2000 por la Ley 25.300 vigente, configurando un mecanismo superador de la siempre dificultosa cuestión del acceso al crédito para las PyME.
En nuestra Provincia, la política de acompañamiento a este segmento de la economía real se ha consolidado a través del fortalecimiento de la asistencia técnica, capacitación para mejorar la perfomance de las PyME frente al sistema financiero que desarrolla el Centro PyME-ADENEU, creado por Ley 2246, y cuyas funciones han sido ampliadas recientemente por la Ley 2589.
Finalmente, en el marco de estos antecedentes la Sociedad de Garantía Recíproca creada como un modelo societario especial y específico, con un régimen orientado exclusivamente a abrir, en forma casi directa, la posibilidad de acceso al crédito para las PyME resulta un formidable instrumento que permite a estas empresas garantizar cualquier tipo de compromisos u obligaciones susceptibles de apreciación dineraria.
Este modelo tiene ventajas innegables que favorecen a todos sus integrantes, y que potencian en la coyuntura que genera la crisis actual, cuyo impacto en el país y en la región aún no se ha dimensionado. Así, para los socios protectores los importantes beneficios fiscales por sus aportes tanto al capital como al Fondo de Riesgo, ya que son deducibles totalmente del resultado impositivo para la determinación del Impuesto a las Ganancias en sus respectivas actividades, en el ejercicio fiscal en el que se efectivicen, y que puede llegar a ser definitiva en los aportes al fondo de riesgo si permanecen en la sociedad por lo menos durante dos años y ésta mantiene un stock de garantías en su cartera por un valor equivalente al 80% del Fondo de Riesgo, es también una oportunidad de inversión, porque los activos que constituyen el Fondo de Riesgo pueden ser invertidos y obtener una renta a favor de sus titulares (socios protectores). En tal sentido, proponemos que la mitad de los recursos del Fondo de Riesgo se preserve en un fondo fiduciario que impida cualquier especulación en los aportantes protectores.
Para los socios partícipes, es decir las PyME, las ventajas no sólo alcanzan al beneficio fiscal por sus aportes al capital -que pueden ser deducidos íntegramente de las utilidades imponibles para la determinación del Impuesto a las Ganancias en sus respectivas actividades, en el ejercicio fiscal en el que se efectivicen- sino que, y más importante aún, mejora la capacidad de negociación frente al sistema financiero y grandes clientes o proveedores, mitiga los requerimientos de garantías al ser evaluados en función del conocimiento de la empresa y su proyecto, menor costo financiero o alargamiento de plazos para proyectos de inversión.
Como puede verse, la Sociedad de Garantía Recíproca que proponemos es una herramienta que alienta el desarrollo de clientes y proveedores al profesionalizar el riesgo de exposición ante clientes PyME, como de potenciar las posibilidades de acompañamiento de proveedores en la política de expansión de las grandes empresas.
Finalmente el Estado genera mayor transparencia en la asignación de los recursos; posibilita el incremento del número y variedad de agentes económicos, y favorece la generación de riqueza genuina como pilar de la acción de gobierno.
En el presente proyecto incluimos a las Cámaras sectoriales que en cada localidad agrupa a pequeños y medianos emprendimientos para que ejerzan el rol de promotores e impulsores a través de acciones que informen y despejen dudas (jornadas informativas, seminarios cortos de análisis de la Ley, etc.) y puedan alentar la consolidación y crecimiento de la sociedad que proponemos.

Fdo.) BAUM, Daniel -Bloque Servicio y Comunidad- RACHID, Horacio Alejandro -Bloque Opción Federal- SÁNCHEZ, Carlos Enrique -Bloque Apertura Popular de Neuquén-.