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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Artículo 1° Por la presente Ley se faculta al Poder Ejecutivo provincial a denunciar el Convenio suscripto con el Estado nacional, por el cual se creó la Corporación Interestadual Pulmarí, y a llevar a cabo todas las medidas tendientes al reingreso al patrimonio provincial de los aportes que la Provincia efectuara.

Artículo 2° Una vez notificado el Estado nacional y reingresadas las tierras de la Reserva Provincial Ñorquinco-Moquehue al patrimonio provincial, la Honorable Legislatura deberá legislar de acuerdo a las siguientes prioridades:

a) Ampliación del ejido municipal de la localidad de Villa Pehuenia.
b) Creación de un Área Natural Protegida.
c) Traspaso del dominio de las tierras que pertenecen a las comunidades indígenas bajo el régimen de propiedad comunitaria.
d) Desarrollo socioeconómico del área, especialmente de las comunidades indígenas originarias.
e) Impulso de actividades forestales y su industrialización.

Artículo 3° Cumplido lo dispuesto en el artículo 2º de la presente Ley, el Poder Ejecutivo provincial podrá utilizar las restantes tierras con el destino previsto originalmente.

Artículo 4° El Estado provincial garantiza los derechos adquiridos de aquellos que en legal forma se encuentran en posesión de lotes o fracciones de tierra, sea en carácter de concesionarios o tenedores precarios, a la fecha de la sanción de la presente Ley.

Artículo 5° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Hace menos de un año dimos un voto de confianza a la continuidad de la Provincia en la Corporación Interestadual Pulmarí, a pesar de la visión crítica que teníamos en aquel momento y que no se ha modificado, sobre el funcionamiento de la citada Corporación.
Reitero lo dicho en aquella oportunidad, en la que traje a colación, en abono a mi posición crítica, que ya en el año 1998, siendo senador nacional, presenté un proyecto en el que planteábamos la provincialización de Pulmarí ante la inacción del Estado nacional.

Hoy, con el presente proyecto retiramos aquel voto de confianza propiciando y autorizando al Ejecutivo provincial a denunciar el Convenio que liga los intereses neuquinos a los del Estado nacional en la gestión de la Corporación.
En el año 2006, cuando la Provincia se retiró de la Corporación se encontraba en curso una auditoría a cargo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y una investigación por parte de la Auditoría General de la Nación. Cuando votamos favorablemente el reingreso de Neuquén a la Corporación, ya conocíamos las lapidarias conclusiones que arrojaron los informes de esos organismos, y por ello expresamos en el Recinto que el nuestro era un voto de confianza.
El Análisis Ejecutivo de la SIGEN en sus aspectos contable y legal llega a la siguiente conclusión: “Como resultado de las tareas desarrolladas, se ha detectado una serie de falencias referidas, principalmente, a su capacidad operativa, de gestión de los contratos de concesión y a los procesos administrativos imperantes en la Corporación Interestadual Pulmarí. Asimismo, la carencia de información confiable, integral y oportuna no permite efectuar un adecuado monitoreo sobre la actividad del ente, entendiéndose indispensable la implementación de un sistema contable que se encuentre físicamente en la dependencia de la Corporación y que abarque la totalidad de las operaciones.
En virtud de los señalamientos formulados se estima necesaria la adopción de medidas conducentes a perfeccionar los mecanismos de registración de la actividad del ente y la gestión de los contratos de concesión en cuanto a la celebración y ejecución de los mismos. En tal sentido, la situación expuesta en el presente trae aparejada la necesidad de una revisión de todas y cada una de las concesiones de tierras concedidas a particulares tanto en sus aspectos legales como económicos, de forma tal que la CIP ejerza una administración de los predios eficiente, ajustada a la renta real que debe generar cada contrato, sin perjuicio de los fines extraeconómicos previstos en su Estatuto.”. La auditoría en cuestión se realizó entre septiembre y octubre de 2006.
En el año 2003, el Jefe de Gabinete, en su informe 57 a la Cámara de Senadores revelaba estos datos referidos a la Corporación: “… a) La Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) cuenta con 112.000 ha de las cuales 45.000 ha corresponden a la Provincia del Neuquén y 67.000 ha a la Nación. La población indígena según el informe de Banco Mundial en el año 1999, es de 1.520 habitantes, distribuida en las comunidades indígenas: Puel, Aigo, Catalán, Currumil, Niengeihual y Ñorquinco. b) En 1964 el Gobierno provincial concedió tierras en propiedad por un total de 23.505 ha ubicadas fuera de lo que hoy es Pulmarí, administrados por la CIP y distribuidas de la siguiente manera:
• Comunidad Aigo: 2.678 ha
• Comunidad Catalán: 3.560 ha
• Comunidad Currumil: 2.490 ha.
En 1998 se crea la CIP y procede a otorgar 40.000 ha dentro de lo que hoy es Pulmarí, pero en concesiones. Posteriormente se conforma la comunidad Niengeihual (Salazar) y se crea una nueva: Norquinco.
A diez años de creada la CIP, sólo el 36% de la tierra por ella administrada ha sido entregada y el 41% está bajo derecho de pastura (veranada) otorgadas a personas ajenas a las comunidades. A esto se suman las concesiones otorgadas para usos productivos o turismo.”. Junio 2003. Honorable Cámara de Senadores de la Nación informe 57 – Jefatura de Gabinete de Ministros.
Como puede verse el informe contiene groseros errores.
Según consta en el Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, página 213 “… El Poder Ejecutivo asumió frente a la comunidad de la Provincia del Neuquén el compromiso de encarar la transformación de la economía regional con la incorporación productiva y el desarrollo social de las comunidades indígenas…”. Es notorio el incumplimiento del Estado nacional; recién en 1998 Nación hizo su primer pago ($ 130.000), y en abril de 2006 se observa que los aportes parciales suman $ 1.500.000 de Provincia y Nación, tras sucesivos aportes casi $ 1.800.000, claro está, devaluaciones de por medio.

A riesgo de fatigar a los señores legisladores con esta enumeración de desaciertos y frustraciones, no puede obviarse el destino de U$S 5.000.000 de otorgados al Gobierno nacional en el 2001 para el “Proyecto de desarrollo de las comunidades indígenas” -Convenio de préstamo Nº 4580-AR-BIRF-, por el Banco Mundial. La ejecución del proyecto se inició al año siguiente y tuvo una duración de tres años. Se seleccionaron tres áreas indígenas y Pulmarí fue una de ellas. El criterio de selección se orientó a las comunidades indígenas que han obtenido la titularidad colectiva de sus tierras o se encuentran en la etapa final de obtener el reconocimiento de sus derechos de posesión ancestrales. El Programa tenía entre otros objetivos establecer las bases y condiciones para el autodesarrollo de las comunidades, teniendo como uno de los ejes el manejo común de los recursos naturales en sus tierras. El fortalecimiento de las comunidades, junto a la disposición sustentable de sus recursos, contribuirá al cumplimiento de lo ordenado por la Constitución Nacional en relación a los pueblos y comunidades indígenas, al tiempo que garantiza para la sociedad toda condiciones adecuadas de protección de la biodiversidad. Sin embargo Pulmarí sólo recibió la construcción de un salón de usos múltiples en el paraje Ruca Choroy. El coordinador del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Héctor Jorge Nahuel, terminó procesado por la presunta malversación de los fondos del crédito otorgado por el Banco Mundial, tras las conclusiones de la Auditoría General de la Nación que revisó el manejo de esos fondos entre 2002 y 2007.
Para finalizar, en febrero del presente año, las siguientes organizaciones de pobladores de Pulmarí: 1) Pobladores de Ley; 2) Puesteros asociados; 3) Pobladores de Remeco -últimos veranadores trashumantes del Departamento Aluminé-; 4) Concesionarios Turísticos de Pulmarí; 5) Asociación Vecinal de Ñorquinco; 6) Comisión Vecinal de Moquehue; 7) Cámara de Comercio, Producción y Turismo del Departamento Aluminé, y 8) Asociación de Productores de la Cuenca del río Aluminé, presentaron ante el defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén una queja para que éste la derivara al defensor del Pueblo de la Nación, licenciado Eduardo Mondino, por el aumento del canon impuesto por la Corporación y acompañan documentación que acredita los diferentes problemas sin resolución a pesar de los cambios de autoridades en el tiempo.
Es decir, que tal como lo sostienen aquellos pobladores “… a través de veinte años la Corporación no ha cumplido con sus objetivos de formación, perjudicando a la población en general. Asimismo, no ha cumplido con los acuerdos obrantes en los convenios, tales como: cierre de campos, arreglo de caminos y sus accesos, políticas de promoción y protección, provisión de materiales para viviendas o galpones comprometidos por convenio, entre otros, que ha generado la desconfianza y malestar de los pobladores del lugar…”.
No parece existir razón alguna para insistir en que la Provincia del Neuquén continúe asociada a la Corporación.

Fdo.) BAUM, Daniel -Bloque Servicio y Comunidad-. Con la rúbrica de: SÁNCHEZ, Carlos Enrique -Bloque Apertura Popular de Neuquén- RACHID, Horacio Alejandro -Bloque Opción Federal-.