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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Artículo 1° Declárase la emergencia laboral en la actividad hidrocarburífera y minera que se desarrolla en el territorio de la Provincia por el término de ciento ochenta (180) días, contados desde la promulgación de la presente Ley, con la finalidad de resguardar las fuentes laborales que tienen las PYMES contratistas de servicios y proveedoras de las empresas operadoras.

Artículo 2° Declárase el alerta económica frente al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° inciso b) de la Ley 2615 y apartado 3.5 del artículo 3° de las Actas Acuerdo correspondientes por parte de las operadoras concesionarias referidos a compre neuquino y preferencia para empresas neuquinas en sus contrataciones de servicios y proveedoras.

Artículo 3° Facúltase al Poder Ejecutivo provincial a desarrollar estrategias y acciones conducentes al cumplimiento irrestricto del artículo 9° del Pacto Federal de Hidrocarburos de fecha 9 de febrero de 2012.

Artículo 4° La autoridad de aplicación de la presente Ley será ejercida en forma conjunta por la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos y la Subsecretaría de Trabajo.

Artículo 5° En el marco de la emergencia declarada en la presente Ley, las empresas concesionarias no podrán:

a) Disponer despidos de personal sin justa causa;
b) Rescindir contratos de servicios ni modificar unilateralmente sus condiciones;
c) Diferir los pagos a sus proveedores por un plazo superior a los cuarenta (40) días sin consentimiento del proveedor.

Artículo 6° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Desde el año 2008, la actividad del sector hidrocarburífico en nuestro país y particularmente en nuestra Provincia ha sufrido creciente y negativamente la incidencia de la crisis internacional por un lado, y la aplicación de políticas internas desde la Nación. La decreciente producción en la cuenca neuquina, la ausencia de saldos exportables, el desequilibrio en los precios entre la producción interna y la importación.
En este contexto los trabajadores tanto de la operadoras como de las PYMES y la propia existencia de las PYMES son el segmento más vulnerable del sector.
Las PYMES neuquinas que prestan servicios a la actividad hidrocarburífera están agrupadas en la Cámara Empresarial, Industrial, Petrolera y Afines (CEIPA), vienen planteando desde hace ya tiempo los diversos problemas que soportan y que ponen en riesgo su propia continuidad como prestadoras de servicios a las grandes operadoras como Repsol-YPF, Petrobras, Chevron y otras. Ya en el 2009 desde Plaza Huincul plantearon al Gobierno provincial la crítica situación del sector, el riesgo de masivos despidos y la necesidad de que las operadores regularicen los pagos.
Tal vez uno de los problemas más graves que se han agudizado en los últimos tiempos está dado por la falta de actualización de un fondo que algunas operadoras crearon para atender las cuestiones laborales de sus contratistas. Esta especie de fondo de reparo lo constituyen las operadoras aplicando un 6% de retención, sobre cada certificación de servicio. Este fondo acumulado desde hace ya más de cuatro años que no recibe actualización alguna no podrá con cumplir la finalidad para la cual fue constituido, porque, no podrá cubrir los montos de las indemnizaciones de los trabajadores de la PYMES para los supuestos casos en que se produzcan la interrupción de los contratos de obras y servicios que estuvieran prestando.
Al panorama descripto se agregan algunas políticas restrictivas de las grandes operadoras, que han sido denunciadas por la CEIPA. Tal es el caso del Upstream (exploración y producción), que se divide en actividades de perforación; de exploración y desarrollo, y de operación; incluyendo la extracción y el mantenimiento. La CEIPA, afirma que actualmente las operadoras no sólo contrajeron la perforación y la extracción, sino que ajustaron el mantenimiento. Las grandes operadoras no hacen mantenimiento predictivo, el preventivo se saltea y todo se limita al correctivo, sólo a las reparaciones más urgentes.
En los últimos meses las empresas operadoras están licitando la mayoría de los servicios que prestan la PYMES en la cuenca neuquina lo que implicaría por el convenio laboral acordado entre Éstas y el Sindicato de Gas y Petróleo Privado, que en caso de cambiarse la empresa prestadora de servicio la nueva empresa debería absorber el personal, pero la empresa original deberá indemnizar a todo el personal antes de transferirlo. Obviamente los aumentos salariales percibidos en los últimos cuatro años hacen imposible que los montos de las indemnizaciones puedan ser cubiertos por ese fondo de reparo que no tuvo actualizaciones, generándose con ello un grave conflicto laboral y posiblemente la quiebra de la mayoría de la PYMES en consecuencia.
CEIPA, integrada por 53 asociadas, PYMES proveedoras de servicios a la explotación de hidrocarburos, generan en la cuenca neuquina, junto con 6 firmas adherentes, alrededor de 3.700 empleos directos.
Frente a la situación descripta el Estado no puede estar ausente, por el contrario debe esgrimir su poder para exigir el irrestricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por las operadoras en los contratos de renegociación referidas al compre neuquino y a la preferencia por trabajadores neuquinos de conformidad a lo regulado por la Constitución Provincial en su artículo 75 últimos dos párrafos; la Ley 2615 artículo 2° inciso b) y el apartado 3.5 del artículo 3° de las Actas Acuerdo por las que cada operadora tiene su concesión.
El presente proyecto, declarando una emergencia laboral sectorial y un alerta económica preventiva constituye una herramienta que permitirá al Estado provincial controlar y neutralizar acciones que pudieran agudizar la crisis, frente a las recientes medidas del Gobierno nacional como la suspensión de Petróleo Plus que afecta a las empresas Panamerican Energy (PAE), YPF, Occidental-Sinopec, Pluspetrol, Total Austral, Enap Sipetrol y Petrobras.
Estas crisis sectoriales vienen produciéndose en los últimos años afectando seriamente la matriz productiva en distintas provincias. Ya en 2008 la Honorable Legislatura de Santa Fe declaró la emergencia laboral ante el conflicto en la empresa General Motors y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), por la intención de la automotriz de despedir trabajadores de la planta de Alvear ante la desaparición de una rama de producción.
La Honorable Legislatura de Tierra del Fuego transitó el mismo camino dictando la Ley de emergencia laboral del sector de la industria textil, del vestido, confeccionistas, hilandería y plásticos en el ámbito provincial por 120 días.
Finalmente, Neuquén ha firmado el Pacto Federal de Hidrocarburos en su artículo establece “Dar especial preferencia a la incorporación de nuevos recursos humanos locales de cada provincia en la que se desarrollan los yacimientos, como así también la contratación de empresas locales de bienes y servicios, participar activamente con la Nación y las Provincias en la capacitación y preparación de personal necesario para el desarrollo en establecimientos universitarios, técnicos y de formación en los distintos oficios imprescindibles para el logro propuestos en este acuerdo”. El presente proyecto propone una herramienta que contendrá la situación actual, generando un escenario que permita una efectiva concreción de lo postulado en el Pacto mencionado.

Fdo.) BAUM, Daniel – ESQUIVEL CALIVA, Fernanda Gabriela -Bloque Unión Popular (UNPO)-. Con la adhesión de: DE OTAÑO, Silvia Noemí -Bloque MPN-.