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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Artículo 1° Denúnciase el “Acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales”, respecto a la Provincia del Neuquén, celebrado en fecha 12 de agosto de 1992, ratificado mediante Ley nacional 24.130, el cual tenía carácter independiente de todo el sistema financiero que rige entre nación y provincia, de naturaleza solidaria y respecto al tiempo de carácter transitorio y provisorio, en cuanto establece en su cláusula primera, inciso a) una detracción del quince por ciento (15%) sobre la masa bruta de recursos coparticipables prevista en el artículo 2º de la Ley 23.548, para financiar el sistema previsional argentino mientras estuviera privatizado.

Artículo 2° Extiéndase la denuncia a las cláusulas de los convenios posteriores a Ley nacional 24.130 ratificatorias de su vigencia o que establezcan que la distribución de la masa de los fondos a coparticipar a que se refiere el artículo 2º de la Ley 23.548.

Artículo 3° Instrúyase al Poder Ejecutivo provincial a los efectos de notificar en forma fehaciente a las demás provincias signatarias del Acuerdo y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Facúlteselo a realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de la presente Ley ante el Gobierno nacional.

Artículo 4° Establécese que, cumplidos los recaudos formales a los que refiere el artículo anterior, se deberá requerir al Estado nacional la inmediata extinción de los efectos jurídicos emergentes del Acuerdo denunciado respecto de la Provincia del Neuquén, el cese inmediato y automático de la detracción sobre la masa bruta de impuestos coparticipables de conformidad con lo dispuesto por la Ley nacional 23.548 de los importes que surgen de la aplicación de la cláusula primera del Acuerdo denunciado en la presente Ley a los fines del cálculo de la proporción que le corresponde a la Provincia y la repetición de las sumas que correspondiere.

Artículo 5° El gobernador de la Provincia, como representante legal del Estado provincial, deberá instruir al fiscal de Estado para que en forma inmediata, ante el desconocimiento del Gobierno nacional de la presente denuncia al acuerdo que propicia la presente Ley, inicie acciones judiciales a la Nación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pudiendo hacerlo en forma individual o en conjunto con otras provincias que realicen los mismos reclamos.

Artículo 6° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de Ley tiene por objeto denunciar el Acuerdo Federal, ratificado por Ley 24.130, suscripto por el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales el 12 de agosto de 1992, en lo referente al tema especifico de la retención del quince por ciento (15%) de la masa de coparticipación destinada a financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
En este sentido, debe verse que, este aporte fue concebido con un carácter solidario provincial, provisorio y transitorio para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios, con motivo de la merma que sufriría en sus ingresos este ente al crearse un sistema de administración privada de los fondos de jubilaciones y pensiones.
Así, la razón histórica de la detracción a la masa coparticipable de las provincias que fue acordada en el Pacto Fiscal del 12 de agosto de 1992, tuvo por objeto de financiar la transición del régimen estatal de jubilación, al cual se habían insertado la mayor parte de las cajas provinciales que eran deficitarias, al sistema privado de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), lo cual, se concretó al sancionarse en 1993 la Ley nacional 24.241, desfinanciando el ANSES, dado que los depósitos que antes iban a la caja estatal fueron redirigidos para capitalizar a los privados que administraban el nuevo sistema.
Es decir, que estos fondos tenían como finalidad compensar los desequilibrios del sistema que había generado la nacionalización de la mayor parte de las cajas provinciales.
Vale aclarar en este punto, que Neuquén no se encontraba en ese lote de provincias, ya que mantuvo siempre su caja de jubilaciones y pensiones dentro de la órbita provincial, pese a las presiones que se realizaron para que nuestra caja pase a depender de la administración nacional que hoy concentra a la mayor parte de las provincias. No obstante, nuestra provincia igual participó con esos aportes para compensar el sistema, por lo cual, para nosotros, ello tenía un carácter meramente solidario.
Asimismo, debe verse que el mencionado acuerdo, tal como se explicó, tenía un carácter provisorio, sin embargo, el Gobierno nacional decidió unilateralmente prorrogarlo la última vez en el año 2005, incluyendo una disposición que expresamente lo establecía en el presupuesto nacional de ese año (Ley nacional 26.078, art. 76), sin requerir el acuerdo de las provincias.
A esto, debe sumársele que, en el año 2008, con la estatización del sistema jubilatorio, esta disposición del Pacto Fiscal del 12 de agosto de 1992, además perdió el fundamento por el cual fue concebida, ya que con la sanción de la Ley 26.425 (Sistema Integrado Previsional Argentino), se reestatizaron todos esos fondos y aportes que habían sido quitados al ANSES.
Es así, que debe remarcar que este aporte del 15% de la masa de impuestos coparticipables, tenía un carácter solidario, transitorio y provisorio, para sostener el Sistema de reparto de la Caja previsional nacional que se veía desfinanciada con la privatización del manejo de los fondos de las jubilaciones, por lo cual, específicamente se llamó a esta etapa “de transición”, la cual duraría hasta tanto se equilibrara el desfasaje que se producía con motivo de la masa de aportes que eran absorbidas por el sector privado.
En este sentido, si este fue el objeto de la afectación de estos fondos, es indiscutible que hoy esta norma no encuentra explicación alguna y deviene en abstracta.
Pese a todo esto, el Gobierno nacional, conforme la prórroga que ellos unilateralmente realizaron del acuerdo con las provincias, mantuvieron los desvíos de estos fondos de la coparticipación bruta hacía el ANSES, lo cual, para nuestra Provincia, según las propias palabras del presidente del ISSN, significó una merma de 720 millones de pesos en sus ingresos solamente en el último año (2011), lo cual, multiplicado por los veinte años que esto lleva de vigencia, nos da cifras astronómicas que nuestra Provincia cedió a favor de la caja nacional.
De esta manera, podemos afirmar, que hoy, la Caja Nacional de Jubilaciones, lejos de encontrarse en la situación de desfinanciamiento en la que se encontraba al crearse las AFJP, hoy tiene tres fuentes de financiamiento:

a) El acumulado del aporte de capitalización durante el periodo de vigencia de la Ley de Privatización, que volvió a manos del ANSES;
b) El aporte mensual de todos los trabajadores que aportan a esa caja, que representan a gran parte del país, conforme la mayor parte de las cajas provinciales fueron absorbidas; y
c) La retención de la coparticipación que se les hace a las provincias, siendo que esta última, no encuentra justificación al existir las otras, deviniendo en arbitraria, y convirtiendo lo que era producto de un acuerdo provisorio, transitorio y solidario, en una decisión unilateral y definitiva, captando el 15% de coparticipación de las provincias argentinas.

De esta manera, teniendo en cuenta que Neuquén aceptó sostener el sistema previsional nacional por mera solidaridad, habiendo cesado la causa que lo provocó, es insostenible mantener la retención, máxime teniendo en cuenta, que esto ni siquiera puede ser justificado bajo la base que nuestros jubilados provinciales son pagados por la Nación, ya que como se ha explicado, nuestra Provincia nunca traspasó su caja previsional, como ha ocurrido en otras provincias.
En síntesis, el 15% que de sus recursos nuestra Provincia cede a la Nación para financiar el sistema previsional argentino, que había visto mermados sus ingresos con la aparición de las AFJP, ha devenido en irrazonable, toda vez, que tras la derogación del régimen privado de pensiones han desaparecido las causas que motivaron el acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales de 1992.

Por último, cabe destacar, que nuestra Provincia no es la única que está haciendo estos justos reclamos, ya que Córdoba y Santa Fe han iniciado acciones legales en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por esta razón, y han presentado leyes provinciales al respecto, como ser Córdoba (que sancionó la norma el pasado 8 de agosto de 2012 con el número 10.077), y Corrientes.
Por esta razón, se propicia este proyecto de Ley, que tiene por objeto denunciar el acuerdo que injustamente nos retiene fondos que nos corresponden legalmente, a su vez, que en caso de desconocimiento por el gobierno central, se habilita al Gobierno provincial a tomar acciones legales para lograrlo.
Es por todo esto, que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares en el presente proyecto de Ley.

Fdo.) BAUM, Daniel – ESQUIVEL CALIVA, Fernanda Gabriela -Bloque Unión Popular (UNPO)-.