Proy7660

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Artículo 1° En todos los casos de secuestro o hallazgo de vehículos en causas en que le corresponda intervenir a la Justicia Penal de la Provincia, el órgano competente, luego de realizar las pericias probatorias que hicieren a la investigación que lleva a cabo, las cuales deberán realizarse con la mayor celeridad posible, requerirá al órgano jurisdiccional la entrega del bien en forma inmediata a su legítimo poseedor. Esta devolución podrá ordenarse en calidad de depósito, e imponer al poseedor la obligación de exhibirlos cada vez que sea requerido, cuando así el órgano competente lo requiera en forma fundada.

Artículo 2° Dispuesta la entrega del vehículo secuestrado, el legítimo poseedor deberá retirar el mismo dentro del plazo de tres (3) días hábiles, del lugar donde se encuentre depositado, bajo apercibimiento de cobrarle por cada día corrido de mora el valor equivalente a un (1) JUS en concepto de depósito y custodia.
Transcurridos seis (6) meses desde que se hubiere ordenado la entrega del vehículo sin que el legítimo poseedor lo retirare, el encargado de la custodia deberá informar al órgano jurisdiccional sobre el cumplimiento del plazo, a los efectos que el Tribunal Superior de Justicia disponga del bien en depósito.

Artículo 3° Correspondiendo la disposición del bien por parte del Tribunal Superior de Justicia por haber superado el plazo legal establecido en el artículo anterior, este determinará fundadamente, de conformidad al estado del vehículo, sus características y demás aspectos particulares el fin que les dará a los mismos, pudiendo:

a) Ordenar la subasta pública del vehículo.
b) Destinar el vehículo a algún organismo del Estado.
c) Ordenar la compactación o proceso de destrucción similar del vehículo.

De la decisión que adopte el Tribunal Superior de Justicia se comunicará a los interesados si estos y su domicilio fueran conocidos. En el caso que los legítimos poseedores no fueren conocidos o se desconozca su domicilio, se comunicará en forma genérica publicando edictos por un (1) día en el Boletín Oficial y en el diario local de mayor circulación.
En el supuesto que se ordene la subasta pública del vehículo, se deducirá de lo obtenido la deuda que existiere en concepto de tasa por depósito y custodia, y los gastos que demande efectuar el remate y demás diligencias, depositándose el remanente en una cuenta especial creada a tal fin. Si el monto de la deuda superare lo obtenido por remate del vehículo, se habilitará a la Fiscalía de Estado a perseguir al dueño de la cosa por la diferencia que no alcanzare a cubrir.
En el supuesto que disponga la entrega del vehículo a algún organismo del Estado, deberá en forma previa realizarse una tasación del mismo, debiéndose depositar en la cuenta especial el valor que resulte, previa deducción de la deuda que exista en concepto de tasa por depósito y custodia. Si el valor del vehículo que se estableciere en la tasación realizada no alcanzare a cubrir el monto de la deuda, se habilitará a la Fiscalía de Estado a perseguir al dueño de la cosa por la diferencia que no alcanzare a cubrir.
La compactación o proceso similar de destrucción del vehículo se dispondrá cuando el vehículo no se encuentre apto para rodar, y su reparación exceda el valor del mismo. Este procedimiento se llevará a cabo debiéndose cumplir, respecto de los materiales contaminantes, la legislación ambiental vigente. En este último supuesto, se habilitará a la Fiscalía de Estado a perseguir al dueño de la cosa por el cobro de la deuda en concepto de tasa por depósito y custodia, y por el costo del proceso de compactación o similar de destrucción, deduciendo el valor de la chatarra.
Artículo 4° En el caso que se ordenare la subasta pública o transferencia del vehículo a algún organismo del Estado, previo a llevarse a cabo, se ordenará realizar las pericias correspondientes por parte del personal de las Plantas Verificadoras habilitadas a tales efectos por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), a fin de determinar la originalidad de sus codificaciones identificatorias, y:

a) Si los vehículos tuvieren sus codificaciones identificatorias originales, se realizará la tasación y se procederá sin más trámite, y oportunamente el Tribunal Superior de Justicia ordenará su inscripción a nombre del nuevo dueño.
b) Si los vehículos presentaren adulteración en alguna de sus codificaciones identificatorias, se ordenará regularizar previamente su situación ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, o directamente compactarlos o someterlos a procesos de destrucción similar si esto fuere imposible, debiéndose cumplir, respecto de los materiales contaminantes, la legislación ambiental vigente.

Artículo 5° En el caso de secuestro o hallazgo de autopartes, piezas, rezagos, cascos o restos de vehículos que se consideren chatarra y de vehículos que por su estado no se consideren aptos para rodar, en causas en que corresponda intervenir a la Justicia Penal de la Provincia, se actuará en forma análoga que con los vehículos, pudiendo el órgano jurisdiccional disponer de un plazo menor para disponer del bien, cuando los mismos no tengan dueño conocido.

Artículo 6° Si una vez realizada la subasta pública o transferencia del vehículo, dentro del plazo de dos (2) años contados a partir de que dispuso la entrega del secuestro, se presentare el propietario o quien tuviere derecho, se dispondrá, si existiere, la entrega del remanente que hubiere quedado del valor del vehículo depositado en la cuenta especial creada a tal fin con los intereses que hubiere generado.

Artículo 7° Los fondos provenientes de la venta de los vehículos secuestrados no reclamados que se depositen en la cuenta especial creada a tal fin, permanecerán allí durante el lapso de dos (2) años contados desde que se efectúo el secuestro, y luego se transferirán en forma definitiva con sus intereses a la cuenta especial denominada “Fondo de Reequipamiento Policial”.

Artículo 8° Facúltese a la Secretaría de Estado de Seguridad, o al órgano que lo reemplace en el futuro, a suscribir, novar, denunciar y rescindir convenios con los municipios que requieran del Estado provincial el depósito o la custodia de vehículos propios o ajenos.

Artículo 9° Aquellos vehículos que se encuentren secuestrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley y lleven más de seis (6) meses en esa situación se pondrán a disposición del Tribunal Superior de Justicia, a los efectos que disponga de los mismos de conformidad a lo previsto en los artículos 3º y 4º, debiendo en forma previa publicar Edictos por tres (3) días en el Boletín Oficial y en otro diario del lugar del juicio, intimando a los legítimos poseedores a retirar los vehículos en el plazo de treinta (30) días, bajo apercibimiento de destruirlos, subastarlos o transferirlos en forma definitiva a algún organismo del Estado.
En el supuesto que los vehículos secuestrados llevaren más de dos (2) años en esa situación, se prescindirá de realizar los depósitos a que refiere la presente normativa.

Artículo 10° Créase el Registro Único de Bienes Muebles Registrables Secuestrados, el cual dependerá en forma directa del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.

Artículo 11 Se asentarán en el Registro Único de Bienes Muebles Registrables Secuestrados, todos aquellos automotores que se encuentren a disposición del Poder Judicial provincial.

Artículo 12 Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de Ley tiene como fin regular el procedimiento a realizarse con aquellos vehículos que se encuentren secuestrados o depositados a disposición de la Justicia, con la mayor celeridad posible, en pos de solucionar la situación actual que se nos presenta con miles de autos y motos secuestradas que posiblemente nunca serán reclamadas por nadie, causándole a la Provincia un perjuicio económico, tanto por la utilización de espacios para su guarda, como por la custodia de esos bienes.
En este sentido, como primera medida, se establece que se deberá requerir por los órganos estatales correspondientes la inmediata liberación de los vehículos, una vez que se han cumplido las diligencias para las cuales fueron secuestrados, ya que nada justifica mantenerlos en poder del Estado, siendo que ello, además le provoca al erario público un costo por el depósito y custodia que no redunda en ningún beneficio.
Asimismo, teniendo en cuenta que muchas veces los particulares no retiran los vehículos oportunamente, ya sea por desidia o bien, porque en el caso de automotores siniestrados, el acarreo y los costos superan el valor remanente de este, se propone establecer un costo diario por el depósito y custodia de ellos, que se fija en un JUS, a los efectos de contar con un índice objetivo que se actualiza en forma automática, ajustándose a la inflación del sistema económico, lo cual evitará que en el futuro se tengan que sancionar normas para modificar la presente en pos de actualizar los valores.
También se ha tenido en cuenta, que debe establecerse un límite a la estadía del vehículo en los depósitos provinciales, el cual se ha fijado en seis meses, luego de los cuales se autoriza al Estado a disponer de estos.
En este sentido, se ha tenido en cuenta, que el Código Civil, en el inciso 3º de su artículo 2342, establece que son bienes privados del Estado, los bienes vacantes o mostrencos, es decir, aquellos que no tienen dueño conocido, por lo cual, se ha previsto un plazo de seis meses para disponer de ellos y la publicación de la existencia de estos, a los efectos que el dueño, de existir y tener interés, pueda ejercer sus derechos.
Asimismo, se ha tenido en cuenta la posibilidad de que existan bienes secuestrados con dueño conocido, para lo cual, no obstante poder disponerse de ellos a los seis meses, se establece la obligación de hacer un deposito por el remante del valor del vehículo una vez descontados los gastos que ocasionó la custodia del bien por parte del Estado, el cual, se deberá guardar por dos años, a los efectos de que se plantearen posibles reclamos por estos. Vale aclarar, que el término de dos años establecido no es caprichoso, sino que se ha compatibilizado con el plazo que establece el artículo 4016 del Código Civil.
En cuanto a los posibles destinos de los bienes, se ha previsto como posibilidad: la subasta pública, la utilización por parte del Estado, o la destrucción, debiendo elegirse la más beneficiosa para el Estado, teniendo en cuenta la situación y estado del vehículo, previo a lo cual, se deberá comunicar a los interesados en forma personal de ser conocidos, o por publicaciones de edictos si no lo fueren, a los efectos que los interesados pudieren ejercer los derechos que les correspondieren.
En todos los casos, se deberá tener en cuenta los días que el vehículo estuvo en depósito y custodiado por el Estado, a los efectos de realizar los descuentos sobre lo que se hubiere obtenido, ya sea por el remate o por la venta de la chatarra, a los efectos de responder por eventuales reclamos.
Asimismo, se autoriza al Estado a perseguir el cobro de la deuda que el depósito hubiere generado, cuando este no alcance a cubrirse con la disposición del bien.
En los casos donde el vehículo sea entregado a algún organismo del Estado, este solo depositará la diferencia entre el valor del bien y el costo del depósito y custodia.
Por otra parte, se ha tenido en cuenta que existen muchos vehículos que se encuentran secuestrados por las municipalidades bajo custodia de la policía de la provincia, razón por la cual, se faculta a la Secretaría de Estado de Seguridad a realizar convenios con estos, a los efectos de aplicar la presente norma.
También, se ha tenido en cuenta que a la fecha existen muchos vehículos que están secuestrados desde hace mucho tiempo, por lo cual se ha previsto una disposición transitoria a los efectos de disponer de todos ellos, publicando la nómina de los vehículos y otorgando a los titulares un plazo de treinta días para retirarlos, bajo apercibimiento de disponer definitivamente de estos.
Por último, se prevé la creación del Registro Único De Bienes Muebles Registrables Secuestrados, a los efectos de que se inscriban allí todos los vehículos que se encuentran en esa situación, lo cual, sin lugar a dudas, redundará en un beneficio para la aplicación de la Ley, al otorgar a los órganos competentes una forma fácil y ágil de conocer la situación de ellos.
Es por todo esto, que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares en el presente proyecto de Ley.

Fdo.) BAUM, Daniel – ESQUIVEL CALIVA, Fernanda Gabriela -Bloque Unión Popular (UNPO)-.