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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Artículo 1° Declárase como Prestación Pública Básica y Esencial al ciclo lectivo de ciento ochenta (180) días de clases que se establece como mínimo en el Convenio para Garantizar el Cumplimiento de un Ciclo Lectivo Anual Mínimo, suscripto el 1 de julio de 2003 entre el titular del Poder Ejecutivo nacional y los representantes de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley nacional 25.864.

Artículo 2° Garantízase el derecho esencial del acceso a la educación en el cumplimiento de los ciento ochenta (180) días de clases, debiendo ajustarse las medidas legítimas de acción directa que se tomen en caso de conflictos o reclamos laborales a las previsiones de la Ley nacional 25.877, asegurándose la prestación de servicios mínimos a los efectos de evitar la interrupción del dictado de clases.
Con este fin se garantizarán especialmente las siguientes prestaciones:

a) El dictado de los ciento ochenta (180) días de clase anuales obligatorios en todos los niveles y en todas las modalidades del Sistema Educativo provincial;
b) La apertura de las escuelas y el acceso y permanencia de los alumnos a ellas durante toda la jornada escolar;
c) La existencia de seguridad y servicios básicos de maestranza en los establecimientos educativos;
d) El funcionamiento pleno de los comedores y;
e) El servicio de transportes escolares.

Artículo 3° Los directores o responsables de cada establecimiento educativo, en su calidad de funcionarios públicos, deberán constatar e informar en la forma y con la periodicidad que establezca la reglamentación, las asistencias e inasistencias del personal a su cargo.

Artículo 4° EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones dispuestas en la presente Ley, vulnerando los derechos consagrados en los artículos 10º y 23 de la Ley 2302, constituyen falta grave, correspondiendo instruir sumario administrativo y, eventualmente, aplicar las sanciones previstas en la legislación vigente.

Artículo 5° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

El presente Proyecto de Ley tiene por objeto declarar Prestación Pública Básica y Esencial al ciclo lectivo de 180 días que se estableció en el Convenio para Garantizar el Cumplimiento de un Ciclo Lectivo Anual Mínimo suscripto por nuestra Provincia el 1 de julio de 2003, conjuntamente con otras provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual fuere posteriormente ratificado por Ley nacional 25.864.
Es de destacar que en mayo del 2010, el Poder Ejecutivo provincial calificó a la educación como servicio público esencial, a los efectos de garantizar los ciento ochenta días de clase que, como mínimo, debe tener el ciclo lectivo anual, estableciendo un régimen de planteles en los establecimientos educativos que garanticen la apertura del establecimiento educativo y la permanencia de los alumnos, durante toda la jornada escolar, y, al menos, el cumplimiento del cincuenta por ciento (50%) del dictado de clases en cada jornada educativa en todos los niveles y en todas las modalidades del Sistema Educativo provincial.
En este sentido, el artículo 1º del Decreto 735/2010 del Poder Ejecutivo provincial dice: “Califícase a la educación en la Provincia del Neuquén en el período de escolaridad obligatoria, como servicio público esencial”.
Si bien existen diferentes definiciones ideológicas respecto de lo que debe considerarse servicio público esencial y qué no, tal determinación no deja de ser una decisión política-social, puesto que merecen esta calificación aquellos que son inherentes a la finalidad propia del Estado, la cual depende de los valores que cada sociedad en particular considera esenciales.
No obstante, el presente Proyecto de Ley no ingresa en esa discusión doctrinal y política, ya que no califica a la educación como un servicio esencial, sino que declara al periodo de ciento ochenta (180) días que ha sido convenido como una prestación básica y esencial que el Estado debe brindar.
En este punto, nadie discute que la educación y el acceso a ella configuran derechos fundamentales de todas las personas que son expresamente reconocidos por nuestra Constitución y por nuestras leyes, y que su materialización implica el dictado de un mínimo de clases anuales y la apertura efectiva de las puertas de los establecimientos educativos para los estudiantes.
En este sentido, es importante destacar que la calificación de “Prestación Pública Básica y Esencial” que se le ha dado al período lectivo de 180 días no es casual pues cada palabra utilizada responde a una conceptualización claramente delineada, donde:

• Prestación: Es la acción y efecto de entregar algo a alguien para que lo use y después lo devuelva, término que en este caso se adecua plenamente al concepto y sentido de esta ya que la educación que el Estado brinde, inexorablemente, volverá en un beneficio, no solo para el educado, sino para la sociedad en su conjunto.
• Pública: Porque la brinda el Estado, ya sea por sí mismo, o a través de terceros.
• Básica: Porque los ciento ochenta (180) días que establece el Convenio para Garantizar el Cumplimiento de un Ciclo Lectivo Anual Mínimo son la base o piso que debe garantizar el Estado.
• Esencial: Porque no puede dejar de brindarse, ya que, el acceso es considerado, tanto por las normas fundamentales como por las leyes reglamentarias, como un derecho inalienable, debiendo el Estado velar por su cumplimiento para todos, en iguales condiciones.

Es de destacar, que tal como lo establece nuestra Constitución Nacional en su artículo 14, el derecho a enseñar y aprender es un derecho fundamental del cual gozan todos los habitantes de la Nación, a su vez que nuestra Carta Magna provincial establece que el Estado debe garantizar la educación pública, laica, gratuita y obligatoria desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio en sus diferentes modalidades (artículo 110 inc. a) de la Constitución del Neuquén), siendo el objetivo principal del Estado, en su organización y funcionamiento, el dar efectividad a los principios, valores y normas consagradas en el texto constitucional (artículo 153 de la Constitución de Neuquén), entre los que se encuentra el derecho fundamental a la educación.
Por otra parte, nuestra Constitución Nacional, con la reforma del año 1994, incorporó en el inciso 22) del artículo 75 un grupo de tratados y convenciones sobre derechos humanos, entre los cuales se encuentran:

• La “Declaración americana de los derechos y deberes del hombre”, que en su artículo XII establece que: “Toda persona tiene derecho a la educación…”, y que “mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad”, asegurando el “derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos”.
• La “Declaración Universal de Derechos Humanos”, que en su artículo 26 establece que: toda persona tiene derecho a la educación.
• El “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, que en su artículo 13 establece los Estados firmantes del pacto reconocen a toda persona el derecho a la educación, reconociendo que con el objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho, la enseñanza deber ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente.
• La “Convención sobre los Derechos del Niño”, que establece que los Estados parte reconocen el derecho del niño a la educación, en igualdad de oportunidades, debiendo asegurar la enseñanza primaria obligatoria, gratuita y accesible a todos, adoptando medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas (artículo 28).

A su vez, y remarcando este último documento internacional, debe verse que nuestra Constitución Provincial, en su artículo 47, específicamente hace referencia la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporándola a la Carta Magna provincial en las condiciones de su vigencia, debiendo el Estado legislar y promover medidas de acción positiva tendientes al pleno goce de sus derechos, removiendo los obstáculos de cualquier orden que limiten de hecho su efectiva y plena realización.
En el mismo sentido, la Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006 (Ley nacional 26.206) también remarca que los derechos de los niños son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles y que la educación es una prioridad nacional.
A nivel provincial, la Ley 2302 establece que: “La educación de niños y adolescentes es considerada un bien social y su adquisición un derecho inalienable”, debiendo ser garantizado por el Estado en todos sus niveles y modalidades, desde los jardines maternales hasta el nivel de Educación Superior, obligando al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho sin discriminación de ningún tipo y en igualdad de oportunidades y posibilidades para el ingreso, la permanencia, el egreso y la reinserción con logros equivalentes en todos los ciclos, niveles y modalidades del Sistema Educativo (artículo 23), debiendo el Estado, la sociedad y la familia asegurar la efectivización de este derecho (artículo 10).
En este marco normativo, es indiscutible que la educación resulta ser un derecho fundamental, lo cual es lógico en una sociedad como la nuestra, donde aquellos que se encuentren privados de esta, sin dudas, se convertirán en marginados que no podrán integrarse plenamente al mundo que los rodea, ni, mucho menos, contar con las mismas posibilidades que aquellos que sí tengan el acceso, por lo cual, resulta un deber ineludible del Estado garantizar para todos, en igualdad de condiciones, el acceso a esta.
Por estas razones, podemos afirmar que la educación constituye un derecho de la sociedad en su conjunto, no solo de quienes la reciben en forma directa, pues tiene como objeto conformar futuras generaciones formadas y capacitadas a los efectos de ofrecer en el futuro soluciones aptas y eficaces que satisfagan el bien común.
A su vez, la educación resulta ser un proceso de culturización esencial en lo que respecta a la interiorización de valores sociales, asegurando la inclusión del niño y su desarrollo intelectual.
Asimismo, para que un sistema de gobierno se considere democrático no basta con que existan elecciones periódicas para elegir a sus autoridades, sino que, además, es necesario que la población esté capacitada para poder elegir libremente, contando con los recursos que les permitan discernir plenamente y saber qué están eligiendo, siendo que en esto la educación juega un papel crucial, razón por la cual, toda la sociedad en su conjunto debe velar por priorizar el retorno y permanencia de los niños y jóvenes a las aulas.
Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que el derecho a tomar medidas sindicales de acción directa, como la huelga, también resultan ser un derecho constitucional expresamente consagrado en la Carta Magna, pero, no resulta posible admitir el ejercicio irrestricto de este haciendo desaparecer al otro, pues ambos derechos se encuentran en un mismo nivel de jerarquía, por lo cual, es dable aceptar la tesis de que ningún derecho es absoluto, y que es posible reglamentar el ejercicio de estos para permitir su coexistencia.
De esta manera, la presente normativa no pretende proscribir la posibilidad del ejercicio legítimo del derecho a huelga o a ejercer otras medidas de acción directa, pero consideramos que es inadmisible, so pretexto de ejercitar este derecho, que se conculque otro derecho de igual jerarquía, como lo es el acceso a la educación.
Así, el presente proyecto declara al ciclo lectivo de 180 días como una Prestación Pública Básica y Esencial, en pos de garantizar el dictado de los días mínimos de clases que se encuentran establecidos en la normativa vigente.
Es por todas estas razones, que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para aprobar el presente Proyecto de Ley.

Fdo.) BAUM, Daniel – ESQUIVEL CALIVA, Fernanda Gabriela -Bloque Unión Popular (UNPO)-.